El juez Pablo Pullen Llermanos realizará una nueva inspección sobre la vivienda designada y luego fallará sobre los otros expedientes.
El abogado Luis Paz, uno de las integrantes del equipo de defensores de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, señaló que esta mañana el juez Pablo Pullen Llermanos realizará una nueva inspección sobre la vivienda designada para que la dirigente social cumpla su prisión domiciliaria, por lo que esperan que firme su traslado del Penal de Alto Comedero "cuanto antes".
El letrado precisó que ya está la firma del magistrado Gastón Mercau para que Sala tenga el beneficio de prisión domiciliaria en el barrio de El Carmen, pero "todavía falta la firma de este segundo juez", que inspeccionará la vivienda.
"Hicimos una presentación para que la Justicia directamente cumpla con la medida de la prisión domiciliaria en ese domicilio, a pesar de que las condiciones hasta el día de ayer eran inhabitables", sentenció el letrado.
En diálogo con radio Rivadavia, el abogado insistió que la defensa de la líder de la Tupac Amaru había informado a la Justicia que "el domicilio de El Carmen había sido devastado, destruido producto de la venganza política".
Durante su diálogo, Paz cuestionó la decisión de la Justicia de no concederle la prisión en la vivienda que la dirigente habitaba hasta ser detenida, en el barrio de Cuyaya. "Entre los argumentos que esgrimen es que en la casa de ella no tiene los elementos de seguridad y custodia, que a los ojos de Gendarmería son necesarios para que se cumpla con la medida", puntualizó.
"Otro capítulo que está mal es poner a Gendarmería para custodiar este domicilio (de El Carmen) cuando está prohibido por la ley de Ejecución Penal que en la ley 24.660 artículo 33 establece la prohibición de que la custodia federal se otorgue para este tipo de beneficios", agregó. "Milagro, en la entrevista que tuvo con el secretario de este juez (Mercau), aceptó estas condiciones", remarcó.
Paz, además, criticó que "Milagro sigue en la cárcel", cuando "hace seis días que terminó el plazo que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado nacional y seguimos esperando la buena voluntad de los jueces". "En la ciudad de Jujuy pueden ocurrir estas y más cosas", enfatizó el letrado.
