A tres meses de los hechos de violencia en el Congreso y el asesinato de un militante en el marco del debate para reformar la Constitucion y permitir a Cartes la reelección presidencia, el país sigue inmerso en una creciente tensión política.
Tres meses después de su crisis más violenta en años, Paraguay sigue inmerso en una creciente tensión política, alimentada por la cercanía de las elecciones presidenciales, acusaciones de instrumentalización de la Justicia y por el caso de militantes opositores que huyeron a Uruguay en busca de asilo.
El 31 de marzo pasado, un grupo de sólo 25 senadores aprobó un proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, en una votación que se realizó en una oficina en el Congreso en ausencia del resto de los legisladores, incluido el presidente del Senado.
La irregular sesión coronó una polémica campaña de dos años del Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, e indignó a la oposición y a disidentes colorados que defendían que la reforma constitucional vía constituyente, y no vía enmienda, era el único mecanismo válido para permitir la reelección del jefe de Estado.
En respuesta, cientos de enardecidos opositores irrumpieron en el Congreso, provocando destrozos, incendiando parte del edificio y desatando un violento desalojo policial en las peores protestas en dos décadas en las calles de Asunción.
