La empresa reclama una indemnización de $ 2300 millones por la confiscación de bienes en 2003; en paralelo, la Casa Rosada solicitó dejar sin efecto el polémico acuerdo
Los abogados del Estado empezaron a traducir en actos procesales las palabras del presidente Mauricio Macri de la semana pasada, cuando dijo que el Gobierno buscaría otra solución al polémico acuerdo con el Correo.
Ayer hubo por lo menos dos movimientos en diferentes expedientes. Por un lado, los letrados les asestaron un golpe a sus colegas del Correo Argentino, la empresa del grupo Macri, a través de un tecnicismo jurídico que podría llevar a extinguir uno de los principales reclamos de la empresa contra el Estado. A las 13, en el fuero contencioso administrativo federal se presentó un escrito en el que se pidió la caducidad de instancia al Correo por el juicio en el que reclamaba una indemnización de $ 2300 millones por la confiscación de sus bienes en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión. En caso de que el juez haga lugar al pedido, la acción se extinguiría.
Además, en el controvertido concurso preventivo, el Gobierno pidió que se deje sin efecto el acuerdo alcanzado el año pasado. La Sala B de la Cámara Comercial no tomó una decisión, pero fijó una audiencia para el 16 de marzo. Y el viejo Correo Argentino tampoco se quedó quieto: presentó un escrito en el que esgrime sus propios argumentos en el caso.
Por un lado, la empresa dice que los intereses del juicio quedan suspendidos, como sucede con todas las deudas concursales, y que no debe computarse actualización alguna. Además de cuestionar los cálculos que adjuntó la fiscalía, los abogados del Correo consideran que la propuesta no es abusiva, ya que reconoce el 100% de lo que alguna vez el Estado verificó como crédito.
Fueron los primeros actos procesales después del anuncio presidencial de volver todo a "foja cero" con el polémico acuerdo de pago al que llegó el Ministerio de Comunicaciones con Correo Argentino, al que se le retiró la concesión en 2003 con un decreto de Néstor Kirchner.
La caducidad de instancia es una herramienta procesal que las partes pueden solicitar cuando una de ellas, en este caso el Correo, no realiza actos que impulsen el juicio durante seis meses. El escrito estuvo firmado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y patrocinado por el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, y fue presentado en un juicio que se inició el 13 de junio de 2016. "Es un juicio que se inició el año pasado por los supuestos daños que le habría ocasionado el Estado al Correo. Es por 2300 millones de pesos más los intereses. Le planteamos al juez que la ley establece la obligación de avanzar en el proceso. En este caso no lo hizo, entonces solicitamos que declare extinguido el proceso. Tiene una consecuencia muy importante, ya que no se podría iniciar una acción posterior", dijo Balbín en diálogo con Vuelo de regreso, el programa de LA NACION en FM Milenium.
Según el escrito, el 14 de febrero se cumplieron los plazos que establece la legislación para que considere que la parálisis del expediente es causal de caducidad. La secuencia empezó el año pasado. En junio de 2016, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 pidió al Correo que notificara a la Procuración del Tesoro de la Nación, pero esa diligencia nunca se llevó a cabo. "No teníamos conocimiento de la existencia de este proceso. Nunca habíamos intervenido", dijo Balbín. El 17 de agosto, pasada la feria de invierno, se presentó una ampliación de demanda en que se elevó el monto del reclamo. Fue el último movimiento del expediente.
Los abogados del Estado consideran que ese escrito no interrumpe los plazos, por cuanto el último movimiento fue el 1° de julio del año pasado. Calculadora en mano, tomaron el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial. Allí se establece que los días inhábiles no se descuentan del cálculo de seis meses, pero sí la feria. Descontadas la de enero y la de julio, los plazos se vencieron el 14 de febrero.
Durante los últimos días, Balbín fue el encargado de buscar todos los antecedentes de juicios cruzados entre el Estado y el viejo Correo Argentino. Una de las estrategias por las que se optó fue esta caducidad de instancia, un instituto que fue pensado para impedir el trámite eterno de los expedientes. El miércoles pasado se decidió la acción en una mesa de crisis que integraron Aguad, Balbín, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el jefe de asesores, José Torello.
En la mañana de ayer se redactó el escrito. Faltaba la firma de Aguad. Finalmente, a las 13 se presentó en el juzgado. Ahora será la Justicia la que decida si efectivamente los requisitos para otorgar este recurso que permite terminar con un proceso en forma anticipada fueron cumplidos o no. En caso de que haga lugar al pedido, entonces vendrá otra discusión sobre la prescripción o no del derecho del Correo Argentino. De eso dependerá que pueda o no iniciar una nueva demanda.
Respecto del concurso, los letrados de la empresa de los Macri se mostraron firmes en la defensa del acuerdo alcanzado y presentado. Dicen que bajo ningún punto de vista es abusivo. La jurisprudencia tiene dicho que será abusivo todo acuerdo que ofrezca menos del 40% del total de la deuda. En este caso, dicen, se pagaría el 100% sin quita alguna. Respecto de los reclamos mutuos, detallan que la concesionaria sobrecumplió las metas de inversión, con desembolsos por 400 millones de dólares. "Ni el Estado nacional ni los entes descentralizados pagaron en tiempo por los servicios postales que requerían, mientras el Correo Argentino seguía obligado a continuar prestando dicho servicio", se lee en el texto.
Otro punto es el paso del tiempo. Argumentan que los años transcurridos desde que se inició no son atribuibles a la compañía, sino a la acción dilatoria del Estado.
En principio, la Cámara Comercial no se expidió sobre ninguno de sus puntos, pero sí llamó a una audiencia el 16 de marzo en la que todos estarán frente a los jueces. Allí se decidirá gran parte del destino de los acuerdos firmados en el concurso.
Los objetivos del Gobierno en la justicia
Pedido ante la Cámara en lo Comercial
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, realizó ayer una presentación en la Sala B de la Cámara en lo Comercial, en la que pidió desestimar el convenio entre el Estado y el Correo Argentino. Además, la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Balbín, se presentó para llevar a cabo una auditoría sobre el rol que tuvo el Estado en las negociaciones, que se extendieron por 15 años
El objetivo
La Casa Rosada concretó ayer la decisión de volver a "foja cero", en línea con lo que había anunciado el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa la semana pasada. Ante la nueva postura del oficialismo, la Sala B de la Cámara convocó a una nueva audiencia de las partes para el 16 de marzo a las 11. La fiscal Gabriela Boquin fue invitada para que evalúe nuevamente los términos de un nuevo acuerdo entre los acreedores y la empresa
Presentación ante el fuero contencioso administrativo federal
Aguad y Balbín también solicitaron que se diera de baja la demanda que el Correo Argentino le hizo al Estado en junio del año pasado por daños y perjuicios. La empresa reclama el pago de $ 2300 millones a una tasa más alta que la que estaba dispuesta a pagar en el proceso de quiebra. Según los funcionarios, la demanda debería dejar de existir bajo la figura de "caducidad de instancia", pues ya pasaron más de seis meses sin que hubiera avances en la cuestión. Además, el oficialismo recusó al juez de ese fuero, Pablo Cayssials, porque demostró "un evidente desinterés en el progreso" de la causa
El objetivo
Si el fuero contencioso administrativo federal accede a levantar la demanda por daños y perjuicios, el Estado quedaría liberado de tener que ceder ante un reclamo multimillonario
La estrategia
Mediante la doble movida judicial de ayer, el Gobierno avanzó en su objetivo de dejar atrás el escándalo por el millonario acuerdo al que llegó el Estado con el Correo Argentino por la deuda de la empresa postal, que le generó un fuerte rechazo tanto de la oposición como del radicalismo y la Coalición Cívica, ambos miembros de la coalición gobernante
Fuente: Diario "La Nación"
