La Sala I de la Cámara asumió el trámite de la causa por la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador que involucra al ex presidente ante la orden impartida hace unos días por la Corte Suprema de Justicia para que se le imprima celeridad a ese proceso.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) asumió el trámite de la causa por la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador que involucra al ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, entre otros imputados, informaron este lunes fuentes judiciales. La decisión la tomaron los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi, ambos subrogantes en esa sala, ante la orden impartida hace unos días por la Corte Suprema de Justicia para que se le imprima celeridad a ese proceso.
Catucci y Riggi resolvieron enviar el expediente a sorteo para que se designe al tercer magistrado de esa sala, dado que la camarista Ana María Figueroa, su única titular, se excusó de intervenir debido a que suscribió una sentencia anterior que fue anulada por la Corte Suprema. La Corte había dejado sin efecto el fallo de Casación Penal que condenaba a Menem a siete años de prisión por el delito de contrabando de material bélico y a penas iguales o inferiores a otra decena de acusados.Luego de que se designe el tercer magistrado, la Sala I de la CFCP notificará su nueva conformación a las partes, para que puedan presentar eventuales planteos de recusación o inhibición, indicaron las fuentes judiciales.
Con la sentencia dictada por el tribunal supremo, recobró vigencia el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, que había absuelto a Menem y a los otros acusados. La Corte Suprema sostuvo que faltó el requisito del “doble conforme”, porque ante la absolución dictada por el tribunal oral, los procesados fueron condenados por primera y única vez en la instancia de la Cámara de Casación.“Debe garantizárseles (a los procesados) el acceso a la doble instancia”, consideró entonces la Corte Suprema, por lo que ordenó revisar fallo condenatorio “en el menor término posible” dada la “trascendencia institucional de esta causa” y su prolongado trámite procesal, que lleva 22 años desde la denuncia inicial.
