Entre 2004 y 2015, el titular de Austral Construcciones tuvo un enorme aumento de su patrimonio, por un 12.127%.

Durante el kirchnerismo Lázaro Báez fue el empresario más favorecido por la obra pública en Santa Cruz: obtuvo contratos por $ 46 mil millones y justamente una de las causas por las que se lo investiga, junto a la expresidenta Cristina Kirchner, es por el direccionamiento de contratos públicos. Entre 2004 y 2015, el empresario registró un gigantesco aumento en sus bienes: 12.127%, lo que significa un patrimonio de $ 3.058.871.300, de acuerdo a la determinación final del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN).

Actualmente detenido por lavado de dinero en la causa de "La Ruta del Dinero K", durante el kirchenrismo Báez pasó de tener una casa y un puesto cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz a más de mil bienes, entre propiedades y vehículos, a pesar de que había mencionado solo $ 66 millones en su declaración jurada en 2013.
Por ese entonces había declarado que tenía solo 79 propiedades, muy lejos de los 440 inmuebles y 972 vehículos (incluida la maquinaria para obra pública) que se determinó que posee, lo que se traduce en 1.412 bienes de su propiedad.

De acuerdo al informe del TTN al que accedió Clarín, Báez registró un aumento de 12.127% en sus bienes, entre 2004 y 2015, mientras que su empresa insignia Austral Construcciones tuvo un crecimiento patrimonial mucho mayor, por el 45.313%.
Entre los numerosos bienes del empresario -embargado por la Justicia- hay estancias, chacras, locales comerciales, baldíos, empresas, oficinas, autos y maquinaria vial. Un hotel valuado en $ 156 millones, un predio de $ 151 millones y un complejo de cabañas de $ 72 millones son algunos de los más costosos del empresario K. Además de dos aviones Lear Jet, que fueron destinados al Ministerio de Seguridad.

Detenido desde el año pasado en el penal federal de Ezeiza, Báez, sus hijos Fabián Rossi, Leonardo Fariña y Federico Elaskar están cerca de ir a juicio oral en la causa de "La Ruta del Dinero K". El juez federal Sebastián Casanello dio por agotada la investigación, mientras que el fiscal federal Guillermo Marijuan pediría en breve la elevación a juicio de la causa por maniobras de lavado de dinero superiores a los U$S 60 millones.