Lo dispuso el juez federal Julián Ercolini, que investiga presunto fraude en la obra pública. También revisaron las cajas de José López y Santiago Kirchner.

El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes la apertura de cajas de seguridad de Julio De Vido, en el marco de la causa en la que investiga presunto fraude con la obra pública. En una de ellas, encontraron el título universitario del exministro de Planificación Federal y 90 mil dólares.
El juzgado tomó la decisión tras el pedido de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La medida alcanzó también a las cajas de seguridad de José López, exsecretario de Obras Públicas y segundo de De Vido, y del exfuncionario Santiago Kirchner. En el caso del primero no encontraron nada, mientras que en las del primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner sólo encontraron banditas elásticas, según informaron fuentes judiciales a la agencia NA.

La revisión se realizó sobre siete cajas de seguridad ubicadas en una sucursal del Banco Patagonia de la calle Sarmiento al 100 de Río Gallegos, Santa Cruz.

Ercolini investiga presunto fraude en la concesión obra pública en perjuicio del Estado Nacional durante la gestión de Cristina Fernández Kirchner, a través del supuesto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.

La apertura había sido pedida por los fiscales, quienes además habían reclamado afectar los bienes de los imputados a los embargos dictados junto a los procesamientos en esta causa, en la que además se encuentra procesada la expresidenta. Se trata de más de 140 bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, Báez (en su mayoría propiedades), De Vido, López, Carlos Kirchner, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre otros; "así como también, los bienes que han sido cedidos a título gratuito" por la exmandataria a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.

 

A esta abultada deuda, como mínimo unos US$ 760 millones a la cotización del dólar a fines del 2015, se le fueron sumando intereses y nuevas deudas, muchas de ellas previsionales, para llegar a los $ 10.000 millones que le exige la AFIP.